A la memoria y tesón de María Luisa Peña Serrano. + 7.05.2024
Un proyecto universitario de investigación interdisciplinar en busca de las víctimas de la Guerra Civil española.
Por Oliva Rodríguez Gutiérrez
María Luisa Peña Serrano tenía 95 años y vivía en Écija, una floreciente ciudad media entre Sevilla y Córdoba. Está apenas a media hora en coche de Osuna, donde nació y creció. Durante años, en un cuadernito, a mano y con cuidada caligrafía, fue escribiendo impresiones y episodios que recuerdaba, a los que iba tituladondo “Historia de mi vida”. Los recuerdos estaban muy nítidos en la mente de María Luisa, Marujita, como la llamaban en casa. Sin duda, uno de los más indelebles tiene que ver con los episodios que rodearon la muerte de su padre, un empleado de Renfe que había sido además concejal en su localidad en los primeros tiempos de la República. Lo acusaron de emplear el telégrafo de la estación para enviar avisos y mensajes en los primeros días que siguieron al golpe de estado. Sorprende que, en muchos documentos de la época, especialmente en los legajos de los juicios militares sumarísimos que se comenzaron a celebrar tiempo después, se acuse de “rebelión militar” a aquellos que resistieron para defender el gobierno republicano democráticamente establecido.
Joaquín Peña Mora, el padre de María Luisa, pasó muy brevemente por la cárcel, donde aún lo pudieron visitar, y fue fusilado, junto a otros, en el cementerio de la localidad sevillana de Osuna el 11 de agosto de 1936. Los avatares en adelante de una joven viuda con cinco hijos a su cargo, con un marido asesinado en un contexto de guerra y posterior coyuntura política adversa, serían otro modo de cotidiana represión ejercida contra las mujeres supervivientes, y que merecen su propio relato. En 2018, cuando en la Comunidad andaluza estaba muy activa la recién creada Dirección General de Memoria Democrática, María Luisa solicitó oficialmente que se indagara para recuperar los restos de su padre. Según los registros y la documentación de archivo, yacía enterrado en el “hoyo 2” del “patio 3” del actual cementerio municipal de Osuna. La Administración respondió favorablemente a su demanda, pero los casi inmediatos cambios políticos que se produjeron en Andalucía ralentizaron los avances dados en materia de intervenciones exhumatorias, incluyendo la reducción de fondos dedicados a ellas.
En cualquier caso, en buena parte por la presión ejercida desde la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, entonces amparada en el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España, en Andalucía no se ha dejado de intervenir para la recuperación, con medios solventes, de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. Esto, fundamentalmente, se ha llevado a cabo en forma de subvenciones otorgadas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, por tanto, con ayuntamientos y asociaciones memorialistas y de familiares como promotoras. En 2022 dio comienzo una, a nuestro juicio, muy afortunada línea de actuación, con el encargo a las universidades públicas andaluzas, por parte del Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía -heredero de la antigua Dirección General-, de importantes proyectos en las diferentes provincias. Era el caso del Barranco de Víznar -especialmente conocido por su vínculo con los restos de García Lorca-, a cargo de la Universidad de Granada, o el que aquí nos ocupa de Osuna, encargado a la Universidad de Sevilla. Eso suponía, sin restar un ápice de valor y calidad a las actividades realizadas hasta el momento por las vías ya citadas y en pararlelo con ellas, hacer entrar a la investigación científica universitaria en las labores de caracterización histórico-arqueológica de los tiempos contemporáneos.
Algo que podría parecer muy normal y coherente, no lo era tanto, y suponía un avance conceptual fundamental en materia de memoria democrática. En un clima social en el que aún muchas voces siguen insistiendo en los intereses únicamente ideológicos de las reivindicaciones de políticos, colectivos y familiares, la distancia y objetividad científica de especialistas y profesionales aunados bajo el paraguas de la institución universitaria, servía para reivindicar una justicia y una humanidad que no sabía de partidos ni colores. Los objetivos eran muchos. Entre los más importantes, ya en el origen de las reivindicaciones más antiguas, estaban la devolución de los restos identificados con totales garantías a sus familiares, así como el favorecer, especialmente con las víctimas ya lamentablemente anónimas, homenajes colectivos. No obstante, para la comunidad científica, y con una distancia de las historias personales que en muchas ocasiones es muy difícil poner, resultaba fundamental colaborar al esclarecimiento de unos hechos históricos a partir de las pruebas materiales que proporciona la arqueología. De forma más general aún, poder aportar muy valiosa información para la escritura conjunta, junto con tantos datos de archivo, de una más honesta y veraz historia del siglo XX en España, absolutamente distorsionada por el ideario y la propaganda de la dictadura franquista. Aunque sorprenda, por el largo tiempo ya transcurrido de vida democrática, sigue siendo mucha la polarización, tremendamente, y preocupantemente, anacrónica, en el acercamiento de la población general a los episodios de nuestra historia reciente, cosa que incluye, incluso, a la forma en la que es abordada en los centros educativos. En España esa contribución era la única aspiración, en la medida en la que la Ley de Amnistía de 1977 impedía que las evidencias de violencia documentadas de forma rotunda sobre los cuerpos pudieran ser empleadas en adelante como pruebas incriminatorias en causas penales.
Con tantas responsabilidades -para con las víctimas, los familiares, las nuevas generaciones, las personas que dudan y cuestionan, la ciudadanía general, etc.- desembarcamos en el cementerio de Osuna a fines de junio de 2022, dando comienzo al denominado proyecto “Osuna Recuerda”. El equipo, de base arqueológica, por ser esta la especialidad que permite, con garantías, recuperar e interpretar los contextos materiales del pasado, aunque este sea muy cercano, estaba también formado por profesionales de la antropología física y forense, la antropología social y cultural, la comunicación, la historia contemporánea, la documentación de archivo, la medicina forense, así como diferentes perfiles técnicos auxiliares.
Osuna había sido elegida, fundamentalmente, por la abundante documentación de archivo conservada sobre las víctimas lo que, en principio, suponía mayores posibilidades de éxito de cara a su eventual identificación. Un vecino de la localidad, Santiago Fernández, ha llevado a cabo una ingente tarea de recopilación durante más de veinticinco años que ahora ha puesto a nuestra disposición y ha sido de gran ayuda. El reto inicial del equipo arqueológico, que casi cayó en el desaliento, consistió en la localización de las fosas con represaliados a pesar de la total ausencia de hitos físicos o documentales sobre su posición concreta en la enorme superficie (ca. 6000 m2) que suponía el denominado “patio 3”, destino de las víctimas. Constatar, con el avance de los trabajos y la identificación de las primeras fosas, que para sepultar a los represaliados se habían empleado estrechas y profundísimas fosas -2,80 largo, 0,80 de ancho y hasta 3,50 m de profundidad-, semejantes a las empleadas para enterramientos convencionales, justificaba las dificultades de localización.
En torno a 230 personas fueron enterradas en el cementerio de Osuna. Corresponden a dos momentos principales. Por un lado, a la violenta represión “en caliente” que se produjo en las semanas inmediatas al golpe de estado, con la toma por parte de los golpistas de buena parte de los ayuntamientos de la campiña sevillana. Aunque muchas de las víctimas pasaron por la cárcel, no se realizó juicio alguno y fueron asesinadas sin mediar acusaciones ni procesos. La evidencia arqueológica y antropológica nos ha permitido, además, corroborar algunos datos sobre lo que las crónicas decían sobre los hechos de los primeros días: que se habían producido altercados y enfrentamientos callejeros, incluso con víctimas mortales. Víctimas autopsiadas o con evidencia de paso por el hospital parecen poder identificarse con estos episodios. Un segundo grupo de víctimas fue asesinado en la primavera de 1937. Con la caída de Málaga, foco de resistencia republicana, regresaron a sus localidades muchos huidos allí meses atrás. Según se cuenta, se difundió que no serían represaliados, siempre que no hubieran cometido delitos de sangre; pero no fue así. Juan Gutiérrez Romero, natural de la Puebla de Cazalla y cuya memoria y búsqueda mantiene estrechamente unidas a más de dos generaciones, regresó a casa para poder conocer a su última hija, nacida mientras él se refugiaba en Málaga; entonces fue apresado y ejecutado. En la documentación de los juicios sumarísimos individuales que concluyeron en condenas a muerte y que hemos podido consultar personalmente en el Archivo Militar Segundo de Sevilla, pueden leerse acusaciones relativas a la participación en acciones violentas en el verano del 36. No obstante, buena parte de las consultas que se hicieron a la policía local y a las autoridades de entonces en busca de testimonios probatorios, tuvieron respuesta negativa.
En estos ya casi quince meses de trabajos en el cementerio de Osuna se han localizado cuatro fosas con víctimas. Dos de ellas han sido procesadas por completo, aportando los restos de 49 personas, que han sido documentados, estudiados, y muestreados para la realización de análisis genéticos en la Universidad de Granada. En marzo de este año, 2024, se ha comenzado a excavar la tercera y se ha localizado una cuarta, que ha sido protegida para acometer su exhumación más adelante.
De forma paralela se hace una importante y comprometida tarea con los familiares de víctimas. Se les escucha y acompaña en su duelo, décadas contenido. Muchos aportan fotografías y documentos, que pueden resultar de gran utilidad, por ejemplo, en el curso de los concienzudos estudios antropométricos de la antropología física. Se potencia la localización de los familiares que resultan más viables de acuerdo con los protocolos de muestreado genético, aunque haya que buscarlos en Burgos, Ibiza o Barcelona. No obstante, en Osuna un perfil muy común de víctima es el de joven trabajador del campo asesinado antes de poder tener descendencia, lo que limita enormemente las posibilidades de esta línea de indagación. Tanto el ya largo tiempo transcurrido desde los hechos, como la pérdida de vínculos familiares hace que la genética pueda ser hoy solo una de las vías para la identificación de las víctimas. Por ello es tan importante el trabajo interdisciplinar como el que se está llevando a cabo en el proyecto Osuna Recuerda, en el que los datos documentales, arqueológicos, antropológicos y forenses, se aúnan y apoyan a fin de lograr las mayores garantías de éxito.
Oliva Rodríguez Gutiérrez es responsable del proyecto Osuna Recuerda. Es Catedrática de Arqueología, Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.
Otros proyectos similares
De especial interés son los proyectos que tienen una vocación parecida a Osuna recuerda, como es el del Barranco de Víznar de los colegas de la Universidad de Granada. Otros proyectos muy interesantes son los que desarrollan investigadores en torno al Incipit del CSIC de Santiago de Compostela (por ejemplo el proyecto Desalambrar, sobre espacios de la represión) o los que llevan a cabo desde la Universidad de Barcelona, sobre todo los dirigidos por Queralt Solé. Esos casos son universitarios o de centros estrictamente de investigación. Luego hay una labor fantástica por parte de entidades o empresas más al margen del mundo académico, como la Sociedad de Ciencias Aranzadi, o los trabajos de las empresas Arqueoantro (Valencia) o Atics (que opera, sobre todo, en Valencia, Cataluña y Baleares).
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