Un artículo de opinión de David Casarejos

España lleva dos décadas en las que está cogiendo el gusto a incorporar leyes muy necesarias y que, por falta de ambición política, hasta ahora no forman parte del marco legislativo del resto de países del mundo. La ley aprobada en agosto de este año y conocida popularmente como ley del “solo sí es sí”, y que ha sufrido varios retrasos en su aprobación, incorpora una serie de elementos que hacen de esta ley, a pesar de llegar tarde para muchas mujeres, una ley bienvenida, siendo pionera en muchos sentidos.

La Ley de Garantía de la Libertad Sexual se ha aprobado con una amplia mayoría tras muchos pasos en falso y negociaciones entre los ministerios de Igualdad y Justicia, y como otras veces esperamos que sirva de pistoletazo de salida para que leyes similares se vayan aprobando en el resto de Europa, y sigan su camino en el resto del mundo.

La no distinción entre abuso y agresión sexual, y la necesidad de consentimiento explícito, va a ayudar a asegurar que muchos ataques, en su abrumadora mayoría a mujeres, no queden impunes dejando a agresores en la calle por decisiones subjetivas sin sentido alguno. Además, pero abarca muchos otros aspectos que también están cobrando gran importancia en los últimos tiempos como son la difusión de videos sexuales sin consentimiento de las víctimas, la corrupción de menores, el acoso callejero, el castigo a los propietarios de inmuebles donde se ejerza la prostitución, o el aumento de penas para los culpables por agresión con sumisión química.

Esta ley sigue el sentido común y nos hace preguntarnos qué razones tenían los políticos en los últimos 20 años para no haber presentado una ley igual de ambiciosa y que deje claro donde está la línea para redefinir de manera más correcta todas aquellas actitudes que suponen delito.

La ley prevé la creación de “centros de crisis” que funcionarán en todas las provincias y durante las 24 horas del día. Quizás sería buena idea solicitar que estos centros también existan para el acceso a la ayuda médica y psicológica que muchas de nuestras emigrantes podrían necesitar en las demarcaciones consulares donde residan. Todas las ciudadanas españolas deben estar igualmente protegidas por nuestras instituciones, estén donde estén.

Desde muchos países la llegada del matrimonio entre personas del mismo género que trajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a España, seguramente se vio como un objetivo lejano y difícil de conseguir, pero en América Latina ya hay varios países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay o Chile que han ido incorporando cambios en este sentido a su legislación. Sin duda el hecho de que Países Bajos en 2001, Bélgica en 2003, y nuestro país en 2005 abrieran las puertas a estos matrimonios o uniones civiles ha ayudado a que más países se vayan sumando a la lista de países que han decidido dejar de discriminar a la ciudadanía por su orientación sexual. La ley del “solo sí es sí” también será sin dudad una ley a copiar por muchos países de nuestro entorno y por países de Latinoamérica, donde viven en este momento parte de los casi tres millones de españolas y españoles en el exterior. Muchos de estos países están aún muy lejos de recorrer el camino hacia la igualdad de género e incluso dar un paso más allá hacia la equidad que corrija las desventajas para lograr una sociedad realmente justa. La igualdad de género aun no existe en muchos de estos países y la realidad es que la ley aprobada en España en agosto puede llegar a parecer un objetivo imposible, parecido a cuando se aprobó la ley del matrimonio entre personas del mismo género hace 17 años.

Junto a esa ley, se aprobaron otras leyes importantes, entre las que está la de ahorro energético, que es una ley creada para intentar reducir los problemas que la crisis energética va a provocar en Europa, y que está a la par de las medidas que se están tomando en países de la UE. 

Desde el punto de vista de la población española en el exterior, hay otra ley que quizás nos afecte directamente, y que podría ayudar a reducir la sangría de trabajadores hacia el exterior: la Ley de la Ciencia. Esta ley propone ofrecer más capacidad financiera para asegurar la posibilidad de mejorar las condiciones laborales del personal de investigación. Quizás, y una vez más solo quizás, esta sea una buena herramienta para lograr que muchas de nuestras investigadoras e investigadores no tengan que plantearse salir del país para tener una carrera digna, con condiciones que le permitan tener una remuneración acorde a sus capacidades, y a medio o largo plazo ayude al retorno de mucha de esta mano de obra. 

La diáspora española ve cómo la mayoría de las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados no tienen, como es por otra parte lógico, un impacto directo en nuestras vidas de no residentes en España, pero en otros casos, como la Ley de la Ciencia y la Ley de Memoria Democrática, que esperamos se apruebe en el Senado pronto, sí pueden afectar a un gran número de emigrantes o descendientes de emigrantes.

La avalancha de leyes aprobadas en la vuelta al Congreso nos hace ser optimistas y esperamos que este último año escaso de legislatura puedan llegar a buen puerto muchos más cambios que de cierta manera sigan ayudando a disminuir las diferencias entre lo que tenemos en el exterior con lo que España puede proveer. Por ejemplo, que la prometida nueva subida de salario mínimo siga ayudando a que las condiciones laborales sigan ese camino ascendente que comenzó en el inicio de esta legislatura recortando las diferencias salariales.

Las leyes pioneras como la descrita al principio de este artículo, que aplican el sentido común, se copian, y uno tras otro los países entienden la necesidad de adoptar las mismas medidas. Tarde o temprano todos los países siguen los nuevos caminos marcados por países como España que de vez en cuando deciden mostrar capacidad de liderazgo legislativo.

David Casarejos vive en Reino Unido. Se define como emigrante comprometido con la lucha por los derechos que pertenecen a todos los españoles de la diáspora, y que las instituciones no siempre respetan. No siente la necesidad de mostrar banderas, pero sí la de no tolerar a intolerantes. Colabora en numerosas publicaciones, como el HuffPost, Nueva Tribuna o La Región Internacional. Es presidente del Consejo de Residentes Españoles del Norte del Reino Unido y miembro del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior.