¿Qué está pasando con los alquileres en Berlin? ¿Por qué se convocó la enésima manifestación contra el aumento de los alquileres el día 27 de marzo de este año? ¿Por qué es cada vez más difícil encontrar un apartamento para alquilar? Y no solo para la población migrante, lo que ya era tradicional, si tal palabra puede ser usada en este contexto, sino por la población general residente en la ciudad antes de la irrupción de los fondos de inversión. ¿Qué es Deutsche Wohnen & Co y por qué hay una iniciativa popular para expropiar la inmensa cantidad de pisos que ha «atesorado»?
Deutsche Wohnen es una empresa que gestiona más de 158.000 inmuebles entre vivienda (la inmensa mayoría) y locales comerciales (apenas unos 2.900) con sede en Berlín. En 2020 realizó ventas por valor de 2,7 “miliardes” de euros: es decir, 2.700 millones de euros, de los cuales 1.200 millones corresponden a alquileres. Una gran parte del beneficio neto es atribuible a aumentos en el valor de los inmuebles, y no ha repercutido en mejoras de los inmuebles, en saneamientos en profundidad ni en reformas sistemáticas, y si se ha generado un proceso creciente de gentrificación. O dicho con una palabra menos simpática, se trata de pura especulación inmobiliaria, en un proceso general en el que los ciudadanos ha sido apartados sistemáticamente como referente a la hora de tomar decisiones sobre sus necesidades habitacionales, progresivamente más y más despreciadas. Desde 2018 tanto esta empresa inmobiliaria como otras semejantes han sido duramente criticadas por su políticas de aumento de precios de alquiler y condiciones claramente perjudiciales para los inquilinos, todo bajo el amparo de una ley que ahora los propios damnificados procuran cambiar, para lo que se han congregado en iniciativas como la que nos ocupa.
Esta iniciativa no tiene como objetivo solo la expropiación de los inmuebles propiedad de Deutsche Wohnen, sino que propone un modelo alternativo de gestión del espacio urbano cuyas raíces están en la propia historia de Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, como veremos enseguida.
A continuación la revista Desbandada presenta una fragmento del documento Socialización y economía de gestión comunitaria. Soluciones para la crisis de vivienda en Berlín, editado por la iniciativa Deutsche Wohnen & Co Enteignen (Expropiar Deutsche Wohnen), que puede ser consultado enteramente en el enlace.
¿Qué es socialización?
A través de la socialización de la vivienda, Berlín puede solucionar problemas frente a los que la política carece de medios. La propiedad pública no posibilita solamente alquileres asequibles, sino también protección para los pequeños negocios, alojamiento descentralizado de refugiados, espacios para el arte y para la cultura juvenil alternativa o espacios protegidos de la violencia doméstica.
La autogestión democrática significa que la puesta en práctica de esas posibilidades puede ser decidida directamente en los barrios y comunidades vecinales. En vez de difamar la participación ciudadana tachándola de freno a las nuevas construcciones, la socialización concibe la democracia como una oportunidad: ésta abre espacios para la organización política, que ha sido desmontada a través de la privatización y la política urbana de las últimas tres décadas, exclusivamente orientada a la inversión.
De esta manera la política se ha incapacitado a sí misma para la acción. Consecuencia de esa incapacidad es el desencanto de la política denunciado en todos los ámbitos. En tanto que la socialización enajena al mercado el control de la ciudad y se lo devuelve a la ciudadanía, es una respuesta democrática a las soluciones aparentes y al empoderamiento anti-humanista ofrecidos por el populismo de derechas.
De la misma manera, la socialización es un contraproyecto alternativo a la participación y al diálogo ciudadano sin aportaciones prácticas. En vez de ser un nuevo caso de falsa participación, la ciudadanía berlinesa recupera su ciudad, la posibilidad de intervenir activamente en la configuración de su entorno, y de establecer las vías para una política habitacional orientada al bien común.
Sin embargo, ¿cómo se traduce esto en la práctica? El artículo 15 de la Constitución permite socializar el suelo transformándolo en otras formas de economía de gestión comunitaria. El texto de la ley señala expresa y conscientemente a la sociedad como la titular del bien común. Por eso la socialización significa para la ciudadanía, en primer lugar, la conversión de propiedad privada en propiedad pública; en segundo lugar, la gestión de esa propiedad; y, por último, la administración democrática de la totalidad, pues sólo la ciudadanía en su conjunto puede decidir sobre el bienestar común.
Esta fórmula a tres niveles permite posibilidades que ningún otro instrumento de la política de la ciudad ofrece. Sin embargo, esta fórmula debe ser dotada de contenido ¿Qué significa hoy en día “economía de gestión comunitaria”? ¿Qué puede aportar? Estas preguntas han representado hasta ahora un papel subalterno, pero son centrales para una ley de socialización efectiva. Dado que nuestra resolución, presentada como exigencia popular, sólo ofrece algunas líneas generales para tal ley, nos gustaría ser más concretos. Con este texto ilustramos el concepto de socialización y de economía de gestión comunitaria, pero también nuestra idea de administración de las viviendas socializadas a través de la “Institución de Derecho Público” impulsada por nosotros.
¿Qué es economía de gestión comunitaria?
El Artículo 15 de la Constitución alemana se encuentra dentro de la larga tradición de la economía comunitaria que ya se hallaba presente en el Artículo 156 de la Constitución de Weimar de 1919. Bajo la presión del movimiento de consejos y comités de empresa, ya sexistía la posibilidad de transformación de empresas privadas en estructuras económicas de gestión comunitaria.
Economía de gestión comunitaria designa en diferentes definiciones una economía en la que los valores de uso y el abastecimiento de productos de primera necesidad están en primer plano, sobre la base de la la solidaridad, la democracia y la autoayuda. Como los consumidores y los propietarios, por lo general, forman parte del mismo grupo económico, no surge una presión en las rentas a favor de los inversores externos. Las ganancias se quedan en la comunidad y financian un mejor abastecimiento, bajadas de precios, o bien se inyectan de nuevo en una sociedad local de propietarios, por ejemplo en forma de reembolso solidario por parte de la cooperativa. En los actuales debates se trata a la economía comunitaria también como una “economía solidaria”. Los responsables históricos de la economía de gestión comunitaria fueron en primer lugar gremios y cooperativas, promovidos tanto por las reformas económicas liberales como por las socialistas desde finales del siglo XIX. Según la orientación ideológica se ponía en primer plano la comunidad de pequeños propietarios o la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras.
A partir de los años 80 del siglo XX, la economía de gestión comunitaria entró en crisis, hasta el punto de que en 1990 se eliminó el marco legal de las viviendas de utilidad pública en el mercado inmobiliario. Desde entonces no hay ningún fomento o ayuda para la actividad en el mercado inmobiliario de actores sin ánimo de lucro. Al contrario: el estado participó activamente en el proceso a través de la privatización de entidades como la GEHAG y la GSW, similares a las Cajas de Pensiones en España, entre 1998 y 2004, que habían sido responsables de proyectos como la Hufeneisensiedlung, en Berlín-Britz. Junto a la urgente necesidad de soluciones habitacionales, las ciudades perdieron con ello también el control sobre superficies y terrenos urbanizables. Con ello se vio frenada la construcción de nuevas viviendas para una ciudad en crecimiento. Sólo la socialización puede, a partir de ahí, contribuir con dos aportaciones: construir un sector público de la vivienda y de gestión comunitaria de dimensiones adecuadas; y hacer posible, a través del consenso democrático, que ese bien público no sea privatizado de nuevo o usado para otros fines.
El espacio habitable como bien público: solucionar la carestía de vivienda a través de la economía de gestión comunitaria
La socialización de los grandes grupos inmobiliarios como Deutsche Wohnen convertiría a la ciudadanía de Berlín en la propietaria de un parque inmobiliario de unas 200.000 viviendas, con parámetros distintos a los que impone el mercado. Primero, a través de esta nueva reestructuración se convertiría un sector tan relevante como el mercado inmobiliario en un bien público. Los siguientes problemas, a los cuales se les ha tratado de dar una solución sin éxito hasta día de hoy, podrían empezar a solucionarse de manera inmediata con la creación de una Institución de Derecho Público (I.D.P.) para la gestión de estos bienes públicos:
Vivienda asequible durante generaciones
Los planes urbanos deben ser elaborados a largo plazo. La clase política piensa en un plazo de 4 años, mientras que nuestra iniciativa piensa también en la ciudad de nuestros nietos. Por ello proponemos, tomando como modelo la “roten Wien” (“Viena roja“, conjunto de medidas socialdemócratas implementadas tras la Primera Guerra Mundial), la creación de un parque inmobiliario que, de manera duradera, garantice alquileres asequibles y, gracias a su dimensión, lleve a una disminución de los alquileres en todo el mercado en su conjunto. Sólo la propiedad pública puede llevar a cabo esta tarea, algo confirmado recientemente por el Tribunal de Justicia Federal: en el caso de viviendas que pertenezcan a propietarios privados, no es obligatorio mantener de forma permanente un alquiler social. Una vez que el plazo establecido haya expirado, pueden subir el precio del alquiler libremente.
Nuevas construcciones para una ciudad en crecimiento
La iniciativa no quiere evitar la construcción de nuevas viviendas, sino al contrario posibilitarla. Las viviendas que nuestra iniciativa prevé para la socialización han sido compradas y modernizadas por los grandes grupos inmobiliarios. Han elevado los precios de los alquileres pero apenas han construido. Con la socialización de estas 200.000 viviendas aparecería un actor público que podría convertir los áticos de los edificios en viviendas y favorecer la consolidación urbana (es decir, aumentar la densidad de la población, en lugar de que aumente el extra-radio). Además, la petición de referéndum incluye también terrenos no urbanizados: en lugar de ceder propiedades para Deutsche Wohnen & Co., se construirían allí nuevas viviendas sociales asequibles. La compra de superficies sin construir es también posible – a través del pago de una indemnización por debajo del valor de mercado la empresa de vivienda pública tendría una buena situación financiera.
En este enlace puedes leer el texto completo en español.
Deutsche Wohnen & Co Enteignen tiene representantes activos en todos los barrios solicitando firmas para apoyar la iniciativa popular de manera que pueda llegar a la asamblea de Berlín para su debate y posible puesta en práctica. Puedes contactar con la delegación de tu barrio si quieres echar una mano en la recogida de firmas, en la pegada de carteles o simplemente difundiendo la información. La campaña dudará al menos hasta junio. Supone una reacción popular y organizada a los grandes intereses foráneos que están haciendo de nuestra ciudad un tablero de ajedrez muy goloso.
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