Artículo de opinión de David Casarejos
El Gobierno de Pedro Sánchez, aquel de los presupuestos “más expansivos de la historia” y que presenta programas de inversión con mucha frecuencia, dice que tiene como bandera el impulsar la educación en el país. Dice que estos programas abarcan desde la educación infantil hasta la formación profesional y la educación superior, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, la equidad de oportunidades y la empleabilidad de los ciudadanos. Hay muchos nombres de planes y programas que se han ido creando para mejorar las diferentes etapas educativas como fueron el programa Plan Educa3, de hace unos años, o el Programa Escuela 2.0. Actualmente hay varios programas activos como son el Plan PROA+, cuyo objetivo es reducir el abandono escolar temprano y con presupuesto de 360 millones entre 2021-2024, el Plan de Modernización de la Formación Profesional, con 1.500 millones de euros, y el de FP Dual con 110 millones de euros. Son unos cuantos millones de euros.
Para grado y posgrado hay igualmente otra serie de programas como son el de Erasmus y el de becas para estudios de postgrado.
Para modernizar y educar el país parece que este gobierno encuentra numerosas vías de financiación combinando dinero proveniente del Fondo Social Europeo, Presupuestos Generales del Estado y en ocasiones con el apoyo de las Comunidades Autónomas.
De todos estos, hay un programa que afecta especialmente a la población en el exterior en sus primeras etapas de desarrollo educativo, que ni tiene la financiación que correspondería, ni al que jamás ningún gobierno de ninguno de los dos colores posibles ha otorgado la importancia debida. Este es el programa de Aulas ALCE, Aulas de Lengua y Cultura Españolas, gestionadas por el Ministerio de Educación a través de las Consejerías de Educación de las Embajadas de España. Las ALCE, como se las conoce popularmente, se dedican a la alfabetización y aprendizaje del español escolar por parte de hijas e hijos de familias de nacionalidad española, disponen de materiales propios y de profesorado enviado desde España, así como de un sistema de evaluación que otorga a las chicas y chicos un certificado de conocimiento del español que, en teoría, es reconocido por las instituciones educativas españolas, dado que lo otorga el propio Ministerio de Educación del Reino de España.
Uno de los casos más paradigmáticos del olvido y ninguneo de nuestras instituciones hacia la emigración, y en concreto hacia las familias y sus hijas e hijos nacidos en el exterior y son acceso a una educación en español, es el proceso que en noviembre solicitó a la ciudadanía en todo Reino Unido para la apertura de aulas ALCE en más ciudades de Reino Unido, pues solo existen en Londres y alrededores, y que creó ilusión en familias españolas de ciudades como Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds, Glasgow y Edimburgo. Desde Madrid habían dado señales de posibilidades reales de ser abiertas, y el resultado final ha sido la apertura de ningún aula adicional y el cierre injusto de varias aulas en Londres, lo que afectará centenares de familias españolas residentes en el Reino Unido.
Los millones de euros destinados a otros programas de educación que se encuentran con facilidad, en el caso de aulas ALCE parece que no se encuentra a pesar de que son migajas en comparación. En este caso se toman decisiones por falta de meros miles de euros. Quizás desde la Embajada se podrían desviar algún fondo para asegurar el mantenimiento de estas aulas, una o dos fiestas menos con la Cámara de Comercio seguramente cubrirían el coste.
Si el resultado es frustrante, las formas han sido pésimas. Basta ya del paternalismo de nuestras instituciones y del no contar con la población migrante antes de las tomas de decisiones. No es normal que ni los mismos profesores, ni las familias afectadas hayan sabido nada de una reestructuración que nunca se había puesto encima de la mesa ni con los afectados ni con los representantes de la ciudadanía que son los consejeros generales por Reino Unido que somos Nuria Fraile y yo, David Casarejos.
Al parecer hay alguna organización que se ha reunido “multitud de ocasiones” con esta y otras consejerías, y salen en multitud de fotos en la embajada y que desconocemos el contenido de las mismas reuniones. ¿Hablarán del tiempo? Las excusas que al parecer se están dando por parte de la Consejería de educación son principalmente el precio del alquiler de las aulas.
La decisión ha sido tomada unilateralmente y sin derecho alguno a queja o búsqueda de soluciones alternativas para evitar que, de repente, muchas familias tengan que prescindir de las clases de español que sus hijas o hijos tenían disponibles, y es injusto que te cierren las aulas de Hammersmith y te manden a Portobello Road, como si fuera tan fácil desplazarse por Londres durante horas punta en plena semana laboral.
La guinda del pastel de las formas en las que se ha llevado a cabo este proceso es una encuesta en la que se esta “guiando” a las familias sobre cómo han de responderla, y en una de las preguntas abre la puerta a que se pueda usar esta encuesta como una prueba de que estas aulas no eran tan necesarias. A veces parece que nuestras instituciones no se enteran de que, como adultos, podemos identificar algunos actos como coacciones y presión por la que no vamos a pasar.
En la carta enviada por parte de las consejeras generales en Reino Unido a la atención de Acción Exterior, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, explicamos un dato que parece que el gobierno español no entiende: “Reino Unido ha sido el país en el que, porcentualmente, ha habido más crecimiento en la última década de ciudadanía española. Por contra, en esta última década no ha habido ningún incremento en la oferta de las aulas ALCE en todo el territorio del Reino Unido (no solo en Londres) que refleje este aumento de nuestra comunidad. Por lo tanto, excluyen a miles de menores que no viven en la demarcación de Londres o Dublín, y excluyen también a otros miles de menores que no puede acceder a las aulas ya abiertas en Londres porque simplemente no hay suficientes. Ante el poco aviso ofrecido a las familias, estas aulas deberían mantenerse en los lugares donde han estado establecidas y, en cualquier caso, nuestras instituciones tienen varios meses hasta la apertura del curso escolar en septiembre para lograr negociar otros centros en los mismos barrios donde están localizadas.
La desilusión que tenemos en el resto del país ante la falta de interés en ofrecer educación a través de aulas ALCE en grandes núcleos urbanos con miles de niños y niñas españolas fuera de Londres es mayor aún cuando vemos la fragilidad de las aulas actuales y lo fácil que resulta a nuestras instituciones quitarnos los pocos recursos educativos que a veces logramos. Cientos de familias en Londres están siendo pisoteadas. Sabemos que hay inflación, que los alquileres suben y que los presupuestos son limitado, pero es curioso ver cómo los sueldos de nuestros dirigentes suben y se anuncian inversiones que no tienen impacto en la sociedad mientras se cierran escuelas. Y así nos va.
David Casarejos vive en Reino Unido. Se define como emigrante comprometido con la lucha por los derechos que pertenecen a todos los españoles de la diáspora, y que las instituciones no siempre respetan. No siente la necesidad de mostrar banderas, pero sí la de no tolerar a intolerantes. Colabora en numerosas publicaciones, como el HuffPost, Nueva Tribuna o La Región Internacional. Es presidente del Consejo de Residentes Españoles del Norte del Reino Unido y miembro del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (CGCEE).
(Nota de la redacción)
En Alemania la situación por el momento es estable, pero también han sonado señales de recorte. El año pasado se cerró un aula ALCE, y en la última reunión con la Consejería se ha comentado veladamente que podría cerrarse alguna más. En ocasiones resulta difícil mantener las que hay, y los padres se quejan de que los grupos tienen edades diferentes, por lo que se dificulta su aprendizaje y su interacción, y por tanto, la motivación de los chicos. Esto es debido, en buena parte, a las restricciones impuesta por las normas, normas redactadas en Madrid a partir de los presupuestos establecidos por el Estado español, con independencia de las necesidades reales de la ciudadanía, situación a la que alude David Casarejos en su escrito. Mientras, se ha contratado a una empresa externa para desarrollar una herramienta informática de gestión de las aulas ALCE en todo el mundo llamada ALEXIA, que deberían agilizar los procesos de gestión, pero que, por el momento, se han implementado con numerosos problemas, por ejemplo, de acceso de las familias, aunque ha supuesto un avance considerable respecto a lo que había antes. Las funcionarias de la Consejería de Educación de Berlín han hecho un gran esfuerzo, dentro de los parámetros que impone la propia Consejería, para estar en contacto con las familias y difundir información sobre los periodos de matrícula. Por contra, el poco operante Consejo de Residentes de la demarcación de Berlín apenas ha actuado este año -por no decir que no lo ha hecho en absoluto-, en relación con la situación de las ALCE y de las familias en general en la demarcación de Berlín, frente a lo que los consejeros del Consejo General David Casarejos y Nuria Fraile sí han hecho para el Reino Unido. Las familias españolas de la demarcación consular de Berlín, por lo que respecto al CRE de Berlín, están desasistido en el ámbito de la educación de sus hijas e hijos.
