Sobre el acceso a la nacionalidad española, y los obstáculos para acceder a este derecho por parte de algunas administraciones

Un artículo de opinión de David Casarejos

Las leyes, muchas veces, traen alegría a raudales, abriendo puertas a través de la nueva ciudadanía a un futuro mejor. Para eso han de estar las leyes y cambios legislativos, para mejorar la vida de la gente, pero siempre hay el riesgo de que su articulación empequeñezca el resultado final y sus efectos no lleguen a todas las ciudadanas y ciudadanos a los que debería de llegar.

El actual gobierno está realizando, junto a un gran número de partidos minoritarios, un esfuerzo legislativo importante en el que la modernización de nuestro país y la reparación de injusticias parece que están en su punto de mira. Como observador y parte activa en las reclamaciones de nacionalidad para descendientes de españoles, y como miembro del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que allá por 1990 ya solicitaba una ley de nacionalidad en su primer Pleno en El Escorial, pensé que la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el otoño pasado, podría cumplir el objetivo, al menos durante dos años. Pero tenemos problemas, y de distinta índole.

El Consulado general de Caracas (Venezuela) ha decidido obviar el texto de la ley e instrucción para la disposición adicional octava, y deciden unilateralmente que los hijos e hijas de aquellos que mantuvieron la nacionalidad hasta el momento nacimiento de sus descendientes no nacieron españoles. Esto contraviene el Artículo 17 del Código Civil que en su punto 1a dice:

“Son españoles de origen: Los nacidos de padre o madre españoles.”

Ley de Memoria Democrática

Otros consulados u oficinas consulares como la de Croacia actúan de igual manera en este aspecto, mostrando total desconocimiento de la ley. Si nacieron de español o española que no perdió la nacionalidad, los bebes son originariamente españoles. 

Conviene recordar que la disposición adicional octava en su primer supuesto dice que pueden adquirir la nacionalidad español

“los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles”

Ley de Memoria Democrática

Blanco y en botella.

El Consulado General de Mendoza (Argentina) tampoco quiere entender la ley y está impidiendo que nietos y nietas soliciten su nacionalidad, y lo hacen arguyendo que han de esperar a que sus padres o madres tengan su trámite aprobado, y vuelven a desdecir el texto de la ley que permite a hijos e hijas así como a nietos y nietas solicitar su derecho a la nacionalidad española independientemente de la situación de sus progenitores o abuelos. En este caso no se sigue el tratamiento que el resto de los consulados generales está llevando a cabo, incluidos sus vecinos los consulados de Rosario o Buenos Aires, aunque por desgracia Bahía Blanca parece que comparte con Mendoza esta mala praxis.

La ciudadanía que esta intentando el trámite en la red de Registros Civiles en España no tiene ninguna ventaja y parece que muchos de estos registros desconocen qué tienen que hacer con los trámites que van llegando. No puede ser que los expedientes estén en un limbo entre los registros locales de la Central, y se pasen el expediente de uno a otro como si fuera una patata caliente por falta de claridad pese a circulares y claridad en la instrucción.

Finalmente tenemos muchos casos de gente que aun no ha escuchado nada de su trámite de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y que lleva incluso lustros esperando que resuelvan su caso, y al no haber sentencia, se les impide que puedan solicitar la nacionalidad con la nueva ley. Da igual el silencio administrativo o que no se cumplan los plazos de recurso y apelación: siguen sin permitirles solicitar un derecho que es el suyo.

Estas son algunas de las irregularidades y problemas que estamos sufriendo y que esperamos se solucionen con el tiempo, pero queda poco más de año y medio de vigencia de la ley y los cuellos de botella en algunos consulados se van notando.

En realidad, todo podría ser aún peor. Siempre hay posibilidad de empeorar todo y un ejemplo es la España que tendríamos que sufrir si la moción de censura de la banda de Ramón Tamames hubiera salido adelante. En la memoria colectiva de la diáspora debería quedarse grabado el momento en el que este señor quiso volver a utilizar la leyenda urbana de los emigrantes que llegan a nuestro país y tienen casa y trabajo al día siguiente, culpándolos de una clara discriminación positiva mientras se castiga a los ciudadanos nacidos en España. La Ley de Memoria Democrática (LMD) sería derogada inmediatamente, ya lo avisaron: los ciudadanos españoles que consiguen la nacionalidad en estos momentos serán tratados como emigrantes por parte del partido de la moción de censura. Esta posibilidad puede pasar a ser real a pesar de la teatralización de las relaciones rotas por parte de comunidades como la de Madrid, y en Castilla y León siguen adelante con el peor vicepresidente de la Junta que hemos sufrido.

Pero volvamos al presente y a la línea que hay que marcar en el suelo dejando claro que de buenas intenciones en las leyes no se vive.

La LMD es un acierto en el aspecto de la nacionalidad, pero cinco meses después de su aprobación los problemas iniciales siguen dándose y demuestran una rémora endémica en nuestro país. Hay muchos virreyes que en vez de consultar y seguir el sentido común y las buenas prácticas de otros consulados generales por el mundo y registros civiles en nuestro país, deciden dejar su sello y demostrar que hacen su trabajo de manera diferente, a pesar del daño que están creando a nuestra ciudadanía, de los costes añadidos a trámites sencillos, y de noches de insomnio y estrés de mucha gente que tiene al alcance de su mano la nacionalidad española, pero ven cómo son discriminados por estar en Croacia, Mendoza, Caracas o en Barcelona.

La solución ha de pasar por cortar las alas de la creatividad y asegurarse que las circulares que ya han estado mandando desde la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se cumplen en el exterior y en los registros civiles, asegurándose de que toda la plantilla sigue los procedimientos que están establecidos, ofrecen los servicios que han de ofrecer, y se aseguran de que por una vez entienden que su trabajo es facilitar a la ciudadanía la vida, y no poner trabas y obstáculos.

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David Casarejos vive en Reino Unido. Se define como emigrante comprometido con la lucha por los derechos que pertenecen a todos los españoles de la diáspora, y que las instituciones no siempre respetan. No siente la necesidad de mostrar banderas, pero sí la de no tolerar a intolerantes. Colabora en numerosas publicaciones, como el HuffPost, Nueva Tribuna o La Región Internacional. Es presidente del Consejo de Residentes Españoles del Norte del Reino Unido y miembro del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (CGCEE).