En el ámbito de la migración española esta semana se ha creado una polémica que vuelve a utilizar a los emigrantes con fines electoralistas, que no se ha difundido apenas fuera (y dentro) de España, y que muchos no se esperaban. Se trata de una propuesta para limitar los derechos de la ciudadanía española en el exterior. Supone, entre otras cosas, una amenaza al derecho a participar en las elecciones generales y autonómicas para todas y todos los que vivimos fuera.
Nota de prensa del CGCEE (30 de junio de 2026)
Propuesta de restricciones de los derechos de los españoles en el exterior
Recientemente VOX ha anunciado que solicitará a la Junta Electoral Central:
- que se suprima el voto por correo para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA);
- que el voto de los residentes en el exterior sea únicamente presencial en consulados o embajadas;
- que se auditen y suspendan temporalmente las nuevas inscripciones en el CERA derivadas de la obtención de la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática mientras se revisa el procedimiento.
La propuesta dejaría sin derechos durante cuatro años a las personas descendientes de españoles en el exterior en caso de retorno, con lo que no gozarían, por ejemplo, de ayudas o beneficio de tarjeta sanitaria, supondría la posible paralización de convalidación de títulos e incluso la suspensión de la Ley de Memoria Democrática con paralización de resolución de expedientes mediante denuncia judicial y la auditoria de las nacionalizaciones concedidas. Incluye la posibilidad de cambiar la ley con efecto retroactivo.
La normativa que regula los consejos de residentes español en el extranjero (CRE) dispone que una de sus funciones es la defensa de su derecho a participar en la vida política española:
Artículo 3. Ámbito material de actuación.
Los Consejos de Residentes Españoles desarrollarán su actividad respecto de las siguientes materias:
c) Participación de los residentes españoles en la vida política de España, de acuerdo con la legislación española, la del país de residencia y el derecho internacional.
Por otro lado, el Articulo 68.5 de la Constitución española establece lo siguiente:
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
Las iniciativas salen de VOX y PP y ya están firmadas en Comunidades autónomas de Aragón, Extremadura, Castilla León y ahora casi seguro que en Andalucía.
Artículo en La Región internacional.
(Nota de la redacción)
Artículo de opinión de David Casarejos, miembro del CGCEE
En realidad, solo los ultras tenían hasta ahora el valor —o la deshonra— de menospreciar los efectos reparadores de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Además de no haber presentado jamás una propuesta en sus programas electorales que pusiera el foco en la diáspora, ahora se han atrevido a amenazarnos con intentar impedir que votemos.
Ni proponen ni nos escuchan, y ahora nos quieren callar.
Esta banda —ya que no me atrevería a denominarla partido político— cada día se supera en el nivel de estulticia que profesa. No son los lápices más afilados, y lo sabemos, pero el espectáculo que han montado, solicitando a la Junta Electoral Central que prive a los españoles residentes en el extranjero del derecho a votar por correo, es una prueba más de su catálogo de política de barra de bar.
A la “prioridad nacional”, nacional escrita con z, ahora añaden un ataque frontal a una ciudadanía que en muchos casos fue expulsada de nuestro país por razones económicas y políticas, y que, en vez de recibir el agradecimiento del partido de Santiago Abascal por las décadas de remesas o la despresurización del mercado laboral tras la crisis de 2008, recibe propuestas pueriles enfocadas a negar nuestra participación en la vida política de España.
Son antiinmigrantes, y ahora vuelve a quedar patente que son claramente anti emigrantes también.
El peso del voto exterior es, por desgracia, menos importante de lo que debería, y su bravuconada no les va a costar lo que debería. Pero, tras haber estado desde 2011 forzados a rogar el voto, no estamos dispuestos a que vuelvan a cercenar nuestras posibilidades de participación en los futuros procesos electorales.
Los bullies nunca deberían haber entrado en nuestro Congreso y Senado, y es importante asegurarnos de que desde el exterior no se apoyen sus actitudes y propuestas que buscan quitarnos de en medio.
Esta polémica la ha comenzado VOX siguiendo la estela marcada por Alberto Núñez Feijóo y por Isabel Díaz Ayuso, que se han despachado en los dos últimos días con una serie de elucubraciones, polémicas infundadas e incluso exigencias y amenazas a nuestro cuerpo diplomático. Los diplomáticos ya se han defendido, y la duda sobre su honorabilidad no le ha salido gratis a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algunas de las dudas que sembraron fueron en relación con la Ley de Memoria Democrática y los efectos de la disposición adicional en la recuperación de la nacionalidad por parte de descendientes.
Cada una de las personas que ha solicitado recuperar la nacionalidad a través de este proceso, desde octubre de 2022 hasta la finalización en octubre de 2025, ha tenido que demostrar que sus progenitores o abuelos fueron españoles de origen, proceso parecido al que sucede en los países de nuestro entorno, pero sin límites temporales.
Lo irregular en el caso de España es que el acceso a la nacionalidad de los descendientes no se soluciona de manera permanente por parte de ningún partido, por mucho que en sus programas o viajes por Latinoamérica sigan prometiéndolo.
Hay una solución evidente y clara encima de la mesa, y desde el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ya se ha presentado tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado: una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad. Esta propuesta evitaría seguir presentando parches temporales como fueron la Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Memoria Democrática de 2022, y nos evitaríamos polémicas absurdas por el acceso a un derecho que debería ser reconocido por un código civil que necesita ser actualizado.
A pesar de lo escuchado en los últimos días, no olvidemos que el Partido Popular, en la propuesta 344 de uno de sus programas electorales, dice: “La comunidad de descendientes de españoles mantendrá el derecho de opción a la nacionalidad española, garantizado por una ley de Acceso a la Nacionalidad de los Nietos reformada. Para atender esta demanda también se hace necesario el refuerzo de los Consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad.”
Sorprende la utilización de la nacionalidad ahora en sentido contrario y como un constructo de “ingeniería electoral”.
El programa nos sorprende, pero aún más nos sorprende recordar aquellos tiempos no tan lejanos en los que Alberto Núñez Feijóo, paseando por Buenos Aires, hablaba de su intención de solucionar el problema de la nacionalidad de los descendientes y solo parecía mostrar pegas al parche temporal de la Ley de Memoria Democrática por sus formas, pero no por su contenido.
Ha cambiado el discurso radicalmente, y el problema de la nacionalidad que antes necesitaba solución ahora es una estrategia para ganar votos. Justamente los votos que algunos partidos van a pescar en los caladeros de América Latina cada vez que se acercan elecciones, utilizando sus redes en asociaciones y federaciones, con gastos que nunca se realizan en territorio europeo, donde no logran los beneficios que sí logran al otro lado del charco.
Desde el exterior estamos bastante hartos de que se nos utilice con fines electoralistas y de que se nos amenace, más aún cuando se está poniendo encima de la mesa recortar la esperanza de recuperación de la nacionalidad española a los cientos de miles de españoles que tardarán aún unos años en resolver sus peticiones por el cuello de botella y la falta de recursos en los consulados generales.
¿Queda alguna duda de qué haría VOX en el gobierno en relación con la tramitación de nacionalidades por la Ley de Memoria Democrática? ¿Hay algún iluso que crea que se mantendrían las plantillas encargadas de intentar agilizar este proceso y se trabajaría por mejorar los sistemas?
Queda claro que, al parecer, el voto de unos españoles vale más que el de otros, y aun a sabiendas de que la petición de VOX no tiene recorrido, no vamos a estar callados.
CGCEE – Nota de Prensa – Voto por correo CERA y acceso a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. 30 Junio 2026
El CGCEE rechaza la petición de supresión del derecho al voto por correo desde el exterior así como solicita que se respete el derecho de nacionalidad adquirida por los descendientes de ciudadanía española.
30 de junio de 2026
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) expresa su firme rechazo a cualquier propuesta que suponga limitar o dificultar el ejercicio del derecho de voto de la ciudadanía española residente en el extranjero. La iniciativa planteada por el grupo parlamentario VOX de eliminar el voto por correo para los electores inscritos en el CERA implicaría en la práctica, privar de este derecho a miles de ciudadanas y ciudadanos que residen a grandes distancias de consulados y embajadas.
La Constitución Española reconoce expresamente en su artículo 68.5 que «la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España». Cualquier medida que dificulte de forma significativa el acceso al voto de los españoles residentes en el exterior resulta contraria al espíritu de este mandato constitucional, cuyo objetivo es garantizar la participación efectiva de todos y todas las españolas en la vida democrática del país.
La ciudadanía española en el exterior debe poder ejercer plenamente sus derechos políticos. Su participación democrática no puede quedar condicionada por el lugar de residencia ni verse sometida a obstáculos adicionales que reduzcan la capacidad efectiva de ejercer el derecho al voto.
El CGCEE defiende que cualquier mejora o refuerzo de las garantías del sistema electoral debe realizarse preservando siempre los principios fundamentales de participación, igualdad y universalidad del sufragio. La respuesta a posibles dudas sobre los procedimientos nunca puede ser la restricción de derechos, sino su fortalecimiento mediante más medios, más transparencia y mayores garantías.
Asimismo, el CGCEE manifiesta su preocupación ante las recientes declaraciones públicas que cuestionan el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles reconocido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La nacionalidad obtenida al amparo de una ley vigente es un derecho plenamente legítimo y debe ser respetada sin reservas. Los españoles que han adquirido su nacionalidad conforme a los procedimientos legalmente establecidos gozan de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español, sin que pueda cuestionarse su condición ni limitarse el ejercicio de los derechos inherentes a ella.
Desde su creación en 1990, el CGCEE ha trabajado en defensa de los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior y de los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a España con sus comunidades emigrantes y sus descendientes. En este sentido, considera esencial preservar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el reconocimiento efectivo de los derechos que el ordenamiento jurídico español otorga a todos los ciudadanos.
La ciudadanía española en el exterior merece respeto, reconocimiento y plena igualdad en el ejercicio de sus derechos democráticos.
David Casarejos
Vive en Reino Unido. Se define como emigrante comprometido con la lucha por los derechos que pertenecen a todos los españoles de la diáspora, y que las instituciones no siempre respetan. No siente la necesidad de mostrar banderas, pero sí la de no tolerar a intolerantes. Colabora en numerosas publicaciones, como el HuffPost, Nueva Tribuna o La Región Internacional. Es presidente del Consejo de Residentes Españoles del Norte del Reino Unido y miembro del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior (CGCEE).
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