Era el año 2014 y estábamos en la vorágine de intentar organizar la Cumbre de los Pueblos alrededor de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas – COP20 en Lima. Yo me encontraba participando del equipo de comunicación de la cumbre designado por mi organización y estábamos como locos entre crear boletines que se traducían a cinco idiomas o gestionar mensajes de nuestros aliados en literalmente todas partes del planeta y del país.
La idea era movilizar, llamar la atención sobre los temas ambientales y con esa intención viajar a cada rincón del país para coordinar con dirigentes, con estudiantes, con organizaciones de base, con sindicatos, con movimientos feministas, diferentes organizaciones, es decir, toda clase de espacio o grupo vivo del movimiento popular que estuviera haciendo algo para enfrentar la crisis climática.
Nuestro origen mismo como organización se basaba en el reconocimiento de la gravedad del problema ambiental en el Perú. Un problema que nunca hemos entendido como estrictamente atmosférico, sino más bien de defensa del territorio contra el extractivismo depredador y rabioso, ese que se dedica a exportar nuestros minerales, hidrocarburos, madera y alimentos y nos deja contaminación y desastre.
Mina Cerro de Pasco ©Ottocarotto CC BY-SA 3.0
Ya entre el 2009 y el 2013 habíamos cumplido, a grandes rasgos, la formación de algunas alianzas iniciales para lo que deseábamos que fuera un movimiento ambientalista y climático articulador de las fuerzas del país. En este tiempo, hay que recordar, esto aún parecía un debate incierto y distante. Y nuestras bases siempre nos reclamaron pensar el planeta desde una perspectiva latinoamericana, peruana y siempre local, desde la gente.
El contexto del 2014 y este diálogo de lo local a lo global nos enfrentó con una realidad desconocida en su real magnitud y relevancia. Y es que gracias a que los reflectores estaban puestos en Perú y a que Global Witness, una organización inglesa, había estado monitoreando el tema, nos enteramos por primera vez de que nuestro país se encontraba en la lista de los países más peligrosos de la Tierra (!) para la vida de los defensores ambientales. Siempre supimos que estábamos mal, pero nunca tanto.
Y es que es así, cada año nos matan y nos siguen matando. Porque la muerte de cada dirigente es un pedacito del país que se nos entierra. Que nos deja un vacío, un hilo de la bandera que se nos rompe. En el Perú, defender tu bosque, tu laguna, tu río, tu loma o el ecosistema que amas y del cual dependes implica un riesgo para tu vida. Nuestro país solamente está “detrás de Brasil, Honduras y Filipinas” en la desaparición y muerte de lideres ambientales. “Al menos 57 defensores ambientales y de la tierra han sido asesinados en Perú desde 2002” al 2014, según datos de Global Witness. “La mayoría de estas muertes se relacionan con disputas en torno a derechos sobre la tierra, la minería y la tala. El 72% de las comunidades indígenas de Perú sigue sin forma de demostrar sus derechos de propiedad sobre la tierra , y más de 20 millones de hectáreas de tierras reclamadas siguen pendientes de resolución”.
Han pasado 10 años desde la aparición de este informe y la situación no solamente no ha mejorado, sino que con los innumerables paquetazos ambientales, y la más reciente modificación de la Ley Forestal así como la constante pérdida de estructura de control y vigilancia de nuestros bosques por parte del Estado, esto tiene un potencial de crecimiento dramático, ya que las economías ilegales de la tala, minería, narcotráfico, entre otras, se ven alentadas por los vacíos o permisibilidad estatal. Si a esto le añadimos que tanto en el 2020 como el 2022, el Congreso de la República ha archivado la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo latinoamericano que da garantías para el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, podemos entender cómo el contexto actual es de fuerte pesimismo.
Los argumentos para el rechazo del Acuerdo de Escazú, han girado alrededor de la idea de que, darle a la ciudadanía acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en esta materia podría hacer que el Estado pierda soberanía, cosa que de hecho el acuerdo, en sus 42 páginas, se encarga de negar de manera explícita, ya que no añade ninguna nueva instancia o Corte a nuestro sistema de justicia y más bien ratifica que los Estados deberán ir mejorando sus fueros internos para asegurar que todos gocemos de igualdad ante la ley. Pareciera que los que rechazan el acuerdo tuvieran miedo de que el Estado pierda la soberanía –o la “soberana gana”– de dejar asesinar a sus defensores.
Del 22 al 24 de abril próximo se llevará a cabo la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, donde se encontrarán los Estados que sí han ratificado este acuerdo. Aquí intercambiarán e informarán sus avances así como colaborarán en la mejora de los estándares para la región y la mejora del sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger nuestros territorios, ambiente y defensores. Este encuentro internacional, que se llevará a cabo en Santiago de Chile, debería ser un momento clave para llamar la atención no solamente sobre la miopía de nuestra clase dirigente, sino también sobre los problemas reales que enfrentamos en nuestro país así como sobre el gravísimo peligro que enfrentamos todos frente a la contaminación, la degradación de nuestra calidad ambiental y por lo tanto de nuestra calidad de vida, con la violencia que se ejerce contra todos aquellos que intentan defenderla.
Video minería ilegal del oro en río amazónico peruano ©Mongabay Latam
Entre este año y el próximo habrá diversos encuentros internacionales en América Latina que llamarán la atención sobre temas ambientales, sociales políticos y económicos: la Conferencia de Biodiversidad en Colombia, el G20 y la Conferencia sobre Cambio Climático en Brasil, esta conferencia del Acuerdo de Escazú en Santiago de Chile, entre otras. Por lo que es un momento propicio para llamar la atención sobre nuestra situación nacional, exigir y demandar más democracia, la recuperación de nuestras instituciones y la protección de nuestros territorios.
Han pasado diez años del informe y nuestra democracia se ha caído por unas largas escaleras de crisis y desencantos, pero el movimiento social y climático sigue en la resistencia. No podemos esperar diez más para tener un país más digno y democrático. El tiempo es ahora.
Referencias:
1) El Ambiente Mortal de Perú. Global Witness. 2014. https://www.globalwitness.org/en/reports/el-ambiente-mortal-de-peru/
2) Observatorio del Principio 10, CEPAL. https://observatoriop10.cepal.org/es
Video: De qué se trata el Acuerdo de Escazú. Ver aquí.
Antonio Zambrano Allende es un politólogo peruano, miembro fundador del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC(Perú), ha sido su director en dos períodos (2015-2017 y 2019-2021) y hoy es parte del Consejo Directivo de Climate Action Network Latinoamérica. En este momento está finalizando un máster en derechos humanos en la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen y vive en la ciudad de Colonia. Website: https://mocicc.org/ - Instagram:
Imagen de portada: © Miguel Gutiérrez Chero
